Decenas de reclusos denuncian trato de favor a los presos del 'procés' en prisiones
A los tribunales de Cataluña ya han empezado a llegar denuncias de presos que reclaman los mismos derechos que los presos del 'procés', es decir, los condenados por el Tribunal Supremo a consecuencia de sus responsabilidades como organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. De momento, ya se han presentado una treintena de denuncias ante los juzgados, la mayoría de ellas contra las juntas de tratamiento de las cárceles, según fuentes conocedoras de los procedimientos.
El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha abierto diligencias previas como consecuencia del escrito de un recluso, al que le ha pedido que designe abogado y procurador. El preso, que responde a las iniciales M. S. S., ha pedido al Colegio de Abogados de Tarragona que le asista. Este interno está calificado en segundo grado, pero, al contrario que a los del 'procés', no se le permite salir. El próximo 19 de mayo, se deberá revisar su calificación.
No es la primera vía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó a mediados de este mes de abril varias denuncias en el mismo sentido (por prevaricación, esencialmente) contra el juez de vigilancia penitenciaria número 3 de Cataluña, al apreciar que no se cumplen “los requisitos legales que exigen la presentación de la querella”. Uno de los presos que han recurrido cumple condena en la cárcel Mas d’Enric, en Tarragona. Allí está también la expresidenta del Parlament y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell.
En las denuncias, los presos afirman que se sienten discriminados por supuestos tratos de favor a los políticos presos por parte de la Administración. En la mayoría de las denuncias, se subraya que al rechazar las peticiones de los reclusos, las juntas de tratamiento pueden cometer delito. Una de ellas afirma: "En virtud de que crea discriminación en la aplicación de la ley penitenciaria al establecer baremos diferentes entre los ciudadanos presos extranjeros y los ciudadanos presos españoles para el acceso a los permisos penitenciarios, tal como es el caso de los señores llamados ‘presos políticos’. En este caso, somos nosotros los presos políticos, ya que no nos aplican la Ley Penitenciaria vigente. Somos presos políticos en virtud de la definición de Naciones Unidas establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España".
"Tercer grado encubierto"
Otra de las denuncias de un recluso extranjero, que también se dirige contra la Dirección General de Servicios Penitenciarios, incide en que “los llamados presos políticos, sin ni siquiera haber hecho la cuarta parte de sus condenas, disfrutan de un régimen de tercer grado encubierto, mientras al resto de presos comunes nos deniegan hasta un miserable permiso de salida”. Los informes del equipo multidisciplinar de la cárcel justificaron el mantenimiento del régimen de este interno teniendo en cuenta “el historial familiar, social y delictivo del interno, la duración de la pena impuesta, el medio al cual probablemente retornará y los recursos, las facilidades y las dificultades que hay en este caso para el buen éxito del tratamiento, de acuerdo con los artículos 63, 102.2 y 106.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria”. Además, especifican que había logrado el segundo grado pero le fue revertido, lo que le ocasionó trastornos de conducta y se le abrieron cinco expedientes disciplinarios pendientes de cancelación.
C. S., un recluso de origen rumano, expone en su denuncia: “En mi caso, llevo más de la mitad de la condena, carezco de expedientes disciplinarios sin cancelar, también tengo arraigo social y pago la responsabilidad civil, por lo que la actuación de la junta de tratamiento denegándome los permisos es ilegal y va en contra de lo que establece el artículo 25.2 de la Constitución española”, que recoge los derechos de los reos.
Desde la Consejería de Justicia, fuentes oficiales negaron a El Confidencial que se haya dado algún trato de favor a los presos del 1-O. “Se les aplicó la legislación vigente en todo momento. Pero lamentamos que desde hace dos años tenemos que estar desmintiendo constantemente que haya privilegios. Los presos del 1-O reciben el mismo trato que los demás reclusos”, señala una fuente oficial.
Un familiar de J. G., uno de los internos que presentaron denuncia, explica a El Confidencial que “las juntas de tratamiento dan tratos de favor porque se suele negar automáticamente todo lo que piden los presos comunes, mientras que a los que llaman políticos les dan todas las facilidades. Mi hermano, por ejemplo, fue condenado a 20 años. Ha cumplido ya ocho, es decir, casi la mitad de la condena. Y, a pesar de su buena conducta, no se le ha dado ningún beneficio penitenciario. En cambio, los que ellos llaman ‘presos políticos’, con 13 años de condena y dos años cumplidos, ya están prácticamente en la calle, disfrutando de 36 días de permiso al año y saliendo de prisión todos los días”.
Esta fuente subraya que “deniegan las peticiones porque sí. La ley dice que si has cumplido la cuarta parte de la condena, puedes pasar a segundo grado. Sin embargo, eso no se aplica, aunque a los suyos sí les dan todos los permisos que sean necesarios, incluso cuando aún no han cumplido ni una cuarta parte de la pena”. Y enfatiza que hay distinto rasero para los presos comunes frente a los del 1-O, como los permisos concedidos, las visitas permitidas o el uso de ordenadores.
Medidas que beneficiaron a todos
En este sentido, los presos del 1-O sí han recibido muchas visitas amparándose en que eran autoridades. Varias fuentes penitenciarias consultadas por este diario desmienten privilegios de los condenados por el 1-O, aparte de la inusitada celeridad con que obtuvieron sus permisos de salida. “Es cierto que en un momento determinado, recibían muchas visitas. Era de escándalo. Resolvían el problema haciendo pasar esas visitas como autoridades, pero es muy difícil mantener que Pep Guardiola, por ejemplo, pueda ser una autoridad. Desde las prisiones, se pidió en varias ocasiones la necesidad de crear un libro de visitas para controlar las personas que visitaban a los presos del 1-O y que no eran autoridades, a lo que la Generalitat siempre se negó. En medio de esa polémica, llegó el confinamiento por la pandemia y sí es cierto que desde entonces no han tenido más visitas, más allá de las de sus abogados”, explica una fuente interna de la prisión de Lledoners, donde se encuentran siete de los nueve encarcelados.
También es cierto que, cuando fueron encarcelados, los presos solo tenían derecho a cinco llamadas a la semana. “En cuanto pusieron un pie en la cárcel, se aumentó el número de llamadas a 10. ¿Que el repentino cambio se debió a su llegada? Posiblemente, pero, en realidad, de esa medida se beneficiaron todos los reclusos. Tras el estado de alarma, el número de llamadas fue elevado a 20, para permitir que los internos puedan comunicarse más con sus familias”.
Tras el confinamiento, la Generalitat compró 240 móviles para repartir por las cárceles (a razón de dos por módulo) para permitir que los reclusos pudieran realizar videollamadas por WhatsApp con sus familias. Cada día se hacen 20 videollamadas, lo que totaliza 100 a la semana. “En esas videoconferencias, el recluso no puede tocar el móvil y está siempre un funcionario vigilando. Si lo toca, automáticamente se corta la comunicación”, explican las fuentes.
Por otro lado, en las cárceles existen salas con ordenadores y acceso restringido a internet. Estas salas suelen ser utilizadas por internos que, por ejemplo, están estudiando desde la cárcel, pero no existe barra libre de telecomunicaciones para los condenados por el 1-O.
Hay más aspectos que denuncian: en ocasiones, afirman fuentes cercanas a los presos, las juntas piden que se hagan determinados programas dentro de las cárceles para poder optar a permisos de salida, pero a la hora de la verdad no se tienen en cuenta. Y subrayan que a los presos del 1-O nunca les hizo falta realizar ninguno de esos programas. El recluso B. Z. relata, en una denuncia firmada el pasado 30 de marzo, que lleva cumplidas más de tres cuartas partes de la condena “sin obtener derecho a los beneficios penitenciarios establecidos en el artículo 4.2.h del reglamento penitenciario”. Se le denegó la progresión al tercer grado y se señala en su expediente que no sigue ningún programa de tratamiento, cuando sí lo está haciendo. “Debo recordar que llevo tres cuartas partes de mi condena y carezco de expedientes disciplinarios sin cancelar. También tengo arraigo social y pago responsabilidad civil”. Acusa a la junta de mentir ante el juez.
Los familiares de algunos reclusos denuncian también el problema añadido de las juntas de tratamiento, que “no contestan a tus reclamaciones, de manera que si vas al juez de vigilancia penitenciaria, no hace nada, porque dice que has de tener una resolución de la junta para que él pueda decidir”. Es, pues, la pescadilla que se muerde la cola, porque la junta de tratamiento le dice al recluso que apele al juez y este le contesta que hasta que la junta de tratamiento no se pronuncie, él tampoco.
FUENTE: EL CONFIDENCIAL