Condena de inocentes.
«Duke Rusell no es culpable de los crímenes atroces por los que se le condenó; sin embargo, está previsto que sea ejecutado por ellos dentro de una hora y cuarenta y cuatro minutos». Desde luego, nadie puede decir que John Grisham no sabe cómo comenzar un libro de forma directa. Así arranca su nueva novela, 'Los guardianes' (Plaza & Janés), que se presenta en España este jueves y que vuelve a poner sobre la palestra la mayor vergüenza de la Justicia: la condena de inocentes. Porque, aunque eso de acabar entre rejas sin haber hecho nada suena a 'thriller', lo cierto es que, desgraciadamente, no es un asunto de ficción.
De hecho, la nueva obra de Grisham –que, antes de convertirse en una máquina de hacer 'best sellers', se dedicó a la abogacía– está inspirada en la figura real de los abogados y las organizaciones de voluntarios que retoman casos antiguos en los que se produjeron condenas injustas y luchan contra el sistema –y es, en verdad, una batalla encarnizada– por exonerar a los inocentes encerrados. Grisham sabe de lo que habla. No sólo por su pasado como letrado, sino porque forma parte de la junta directiva de Innocence Project, una iniciativa surgida en 1992 en Nueva York que utiliza pruebas de ADN para liberar a personas injustamente condenadas por asesinato. Esta organización, nacida en el ámbito universitario, tiene ahora mismo sedes en distintas partes del mundo. En España existe Barcelona Innocence Project, un proyecto afincado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde son los propios alumnos, guiados por veteranos del Derecho y la Criminología, quienes se encargan de revisar casos.
Porque en nuestro país también se condena a inocentes. Ninguno se libra de esta lacra. Hay casos tan mediáticos como el de Dolores Vázquez, que pasó año y medio en prisión y sufrió un auténtico linchamiento social por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, sucedido en Mijas en 1999. Y se hubiese pasado trece años y medio más entre rejas si la Guardia Civil no hubiese descubierto en 2003 que los restos de ADN hallados en Rocío coincidían con los de otra adolescente asesinada tiempo después, Sonia Carabantes, y que pertenecían a Tony Alexander King, un británico con ínfulas de culturista que rondaba por la Costa del Sol. Durante el tiempo que duró el juicio y su estancia en la cárcel, Dolores no dejó de repetir que era inocente. Pero no la creían. La primera, la madre de la víctima, con quien había mantenido una relación sentimental.
Este es sólo el caso más popular del panteón de inocentes condenados en España. Todos los años hay sentencias injustas, algunas de cárcel. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –organismo encargado del gobierno de los jueces– admite en sus datos más recientes del informe anual 'La Justicia, dato a dato' dos errores judiciales en 2019. También recoge que hubo uno en 2018, seis en 2017, siete en 2016 y cuatro en 2015. Es decir, una veintena en un lustro. El CGPJ recoge que en 2019 se resolvieron 1.139 expedientes, de los que la inmensa mayoría se desestimaron. Sólo se aceptó la responsabilidad patrimonial (es decir, las compensaciones económicas) en 83, es decir, en el 7,3% de los casos.De estos 83, dos se referían a errores judiciales, otros dos a prisión preventiva injustificada y otros seis a detención indebida o prisión preventiva por «funcionamiento anormal» de la Justicia. En total, se pagaron 4,4 millones en compensaciones, la mayor cantidad desde 2015. Ninguno de estos casos tuvo el protagonismo social del 'crimen de Mijas', pero sirven para demostrar que, en nuestro entorno más cercano, la Justicia tampoco es infalible.
Miles y miles de peticiones
«Hay muchas causas de condenas erróneas: identificaciones mal hechas, un mal trabajo policial o científico, confesiones y declaraciones de confidentes falsas... En Estados Unidos tenemos documentadas más de 2.673 exoneraciones», explica a este periódico Justin Brooks, director y cofundador de California Innocence Project y amigo personal de John Grisham.
El estado de California es el que mayor población reclusa tiene del país, que a su vez es el que cuenta con más reos del mundo. Así que trabajo no le falta. Reciben miles y miles de peticiones para revisar casos cada año, aunque priorizan las relacionadas con condenas por delitos graves, las de personas sin recursos y los casos de pena de muerte. Muy a menudo coinciden todos estos factores. De hecho, los profesionales de la judicatura saben positivamente que muchos inocentes han acabado en la cárcel por no haber podido pagarse un buen abogado. Los ricos, como O.J. Simpson, pueden contratar excelentes equipos legales multidisciplinares que se vuelcan en 'salvarles'.
«Por supuesto, hay errores en los juicios –admite Brooks–. Pero es raro. En Estados Unidos resulta mucho más frecuente que una condena errónea parta de una mala investigación o de información falsa recogida en ese proceso». Para él, una de las claves de las acusaciones erróneas es la mala indentificación del sospechoso. En esta misma línea insisten muchos juristas, que, si bien admiten que las ruedas de reconocimiento son difícilmente prescindibles, piden que no se admitan en ningún caso como única evidencia de culpabilidad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el cerebro nos juega a menudo malas pasadas y, creyendo estar seguros, podemos equivocarnos. Ocurrió en 1992 con el llamado 'violador del ascensor' de Alcorcón, identificado sin ninguna duda por algunas de las víctimas. Luego, identificaron a un segundo joven. Pero las agresiones sexuales continuaban... Hasta que, casi seis meses después, otro individuo confesó ser el autor de los delitos. En total, el primer acusado pasó casi un año en prisión –con el estigma, poco favorable en la cárcel, de ser un violador–, mientras que el segundo ingresó en un centro de menores. ¿Cuántas veces repetirían que ellos no habían hecho nada?
«Muchos se desaniman y se rinden. Sólo los fuertes siguen luchando», afirma Brooks. Para él, que ha liberado a 35 inocentes de la cárcel, «todos estos casos son especiales, pero el que más me impactó fue el de Marilyn Mulero, en el que he trabajado 25 años».
En 1992, Marilyn y su amiga Jackie Montanez fueron acusadas de matar a tiros a dos 'latin kings' en el baño de un parque de Chicago. A partir de ahí, todo fue un despropósito: las interrogaron por separado y sin abogado durante nueve horas. Marilyn acabó firmando una declaración preescrita de culpabilidad y, con un abogado defensor que no movió un dedo por ella –y que, después, se metió a cura–, fue condenada a muerte. Ella mantenía su inocencia y su amiga admitió que había actuado en solitario, algo que las pruebas balísticas confirmaban. Brooks y la organización que lidera, junto a otras dos ONG, se hicieron cargo del caso, descubrieron todo tipo de irregularidades y desmontaron falsos testimonios recogidos por dos policías, Guevara y Halvorsen que, según las organizaciones de voluntarios, son responsables de haber metido entre rejas a una veintena de personas que después han sido exoneradas. Marilyn salió en libertad el pasado mes de abril tras casi veintisiete años en prisión por un delito que no cometió. ¿Parece una novela de Grisham, verdad?
Lamentablemente, no es ficción. «¡Los libros de John han traído una buena dosis de realidad al público!», asegura Justin, un abogado tan premiado, apasionado y comprometido que también parece de película. ¿Cuál cree él que es la clave de su trayectoria como letrado? «¡Que nunca me rindo!».
POR SOLANGE VAZQUEZ