Hay más delincuentes dentro de la Policía que en la calle

Parece mentira, pero el inspector Antonio Rodríguez, exjefe de Estupefacientes de la comisaría de Orense, está deseando volver a ponerse el uniforme. Lleva sin hacerlo desde noviembre de 2015 cuando lo detuvieron agentes de Asuntos Internos y lo acusaron de tráfico de armas, tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos, falsedad, malversación y coacciones. La Fiscalía no pidió su ingreso en prisión pero le suspendieron de empleo y sueldo y así lleva desde entonces.

Abogados durante la sesión del juicio por la Operación Zamburiña

Hace diez días recogió la sentencia de la Audiencia orensana que lo absuelve a él y a otros tres policías (también a nueve supuestos traficantes) y el lunes de la semana pasada pidió su reingreso a su puesto. «Sé distinguir entre un policía que no supo hacer su trabajo y la Policía. Llevo 26 años siéndolo», dice en conversación con ABC. La operación Zamburiña, en la que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) señaló a sus compañeros por favorecer a nueve supuestos narcos, ha resultado un fiasco completo.

La Sala cuestiona con dureza la investigación y afea las numerosas irregularidades detectadas. De hecho, el juicio empezó y acabó casi al mismo tiempo cuando la Sección Segunda anuló las escuchas telefónicas en las que se basaba la causa que arrancó en septiembre de 2014. «La comprobación de la eficacia de las conclusiones del informe policial, a fin de viabilizar la intervención telefónica cuestionada, no resiste la más leve crítica», señala la sentencia. Los hechos calificados de «anomalías o irregularidades» por Asuntos Internos «no permiten en absoluto deducir indicio de corrupción policial mínimamente serio», continúa.

Robo de armas y un muerto

«Se montó una causa basada en las escuchas de nuestros teléfonos y en unos supuestos anónimos, que no eran tal. En los registros no encontraron nada y no hicieron ni una mínima comprobación», explica el inspector. La Zamburiña es una investigación independiente, pero como en las novelas hay tramas y subtramas a cual más diabólica: un robo de armas en la comisaría de Orense; el supuesto suicidio que ahora se investiga como homicidio de un policía en su despacho de esa comisaría, y junto a él dos de las las armas sustraídas meses antes. Unos anónimos que señalan a los agentes de drogas como parte de una trama criminal que actuaba en connivencia con sus confidentes redondea el menú.

«Hay más delincuentes dentro de la Policía que en la calle», afirma el inspector Rodríguez. 

El culebrón de la comisaría en la que sirve parece darle la razón. Pero él apunta directamente al jefe del grupo de Asuntos Internos, llegado desde Madrid, «y que no conoce ni los más elementales métodos de trabajo». Desgrana cuáles son, incluidos protocolos habituales de los agentes. Y lo que para uno es su día a día para otros equivalía a sospecha de corrupción. «Llevaba dos años en el Cuerpo y ya era jefe de grupo y de una unidad tan delicada». Rodríguez ha presentado una querella contra él, que aún no ha sido admitida, en la que le acusa de «encubrimiento, falsedad documental en atestados y por omisión del deber de perseguir delitos»

Durante la investigación en uno de los anónimos quedaba claro que quien lo envió y señalaba a sus compañeros era también policía pero no se investigó si formaba parte de la supuesta trama corrupta. Acusaron a Rodríguez de robar las armas, aunque luego dos aparecieron en el despacho del agente muerto. La sucesión de hechos desencadenó que lo que parecía un suicidio lo instruya otra juez como homicidio y de esa muerte acusa a dos gemelos, Roy y Bernardo de Prado, destinados en la comisaría.

Beatriz Seijo, la abogada del inspector, logró que el primer día de juicio el Tribunal anulara todas las intervenciones telefónicas, las declaraciones en instrucción, los registros y lo que se intervino. La Audiencia se encontró sin prueba de cargo y absolvió a los 13 procesados, a los que Fiscalía pedía más de cien años de cárcel. Llegaron a estar señalados ocho agentes.

La unidad de Villarejo

Seijo pidió al Tribunal que determinara si este fiasco de investigación la había «llevado a cabo un delincuente», un dardo directo a Asuntos Internos (la misma unidad que investiga al excomisario Villarejo) e hizo pública una conversación más que comprometedora entre el jefe de grupo de esa unidad y el policía sospechoso de mandar los anónimos. Mas grave aún porque se citaban para «una reunión clandestina» con el juez instructor, Leonardo Álvarez, y hablaban de «dar retoques a las declaraciones».

El inspector Rodríguez sospecha que los hermanos policías —«esos no son compañeros»—, dice, quisieron vengarse de él y de los suyos y de paso tapar sus corruptelas. E insiste: «Siempre defenderé a la Policía, pero no a los delincuentes que hay dentro».