Alerta por la corrupción policial vinculada a la marihuana
Los Mossos d'Esquadra detienen a cuatro agentes de Llinars del Vallès por su presunta implicación en una trama de tráfico de droga y blanqueo de capitales.
Un confidente cosido a tiros en Llinars del Vallès (Barcelona) en diciembre de 2019 fue el inicio de la investigación que este martes se saldó con cuatro policías del municipio detenidos por su presunta relación con una organización dedicada al tráfico de marihuana y al blanqueo de capitales.
Aquel suceso quedó entonces sin esclarecer, pero las pesquisas de los Mossos d'Esquadra se han traducido en un dispositivo que, tras una treintena de registros, se ha saldado con el 20% del Cuerpo local arrestado –cuatro de un total de 21 policías–.
Uno de ellos sería el cabo que recibió un tiro cuando se reunió con el confidente en un apeadero de la AP-7. Fue entonces cuando un individuo, ataviado con ropa deportiva, disparó sobre el informador, que falleció, mientras que el uniformado pudo recuperarse de las heridas, ya que llevaba puesto el chaleco antibalas.
En aquel encuentro, la víctima pretendía facilitar información sobre una organización dedicada al tráfico de marihuana. Precisamente el pasado viernes, durante la celebración del Día de las Escuadras, el mayor Josep Lluís Trapero, alertó de que esta es una droga «en la que se está instalando cada vez más el crimen organizado» e indicó que era «urgente» eliminar su tráfico «si queremos continuar teniendo una sociedad segura».
Y es que el de Llinars no es el único caso de uniformados corrompidos por la marihuana en el territorio. La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana aún se encuentra pendiente de culminar la investigación sobre los tres mossos de Santa Coloma de Farners (Gerona), también implicados en un caso similar. En esta ocasión, fue un narcotraficante quien los denunció, «harto de la presión a la que lo sometían», según explica a ABC su abogado Joan Pere Zapata.
El caso, que se conoció el pasado año, se remonta a 2007, cuando el ahora confidente se dedicaba al cultivo de marihuana y los uniformados le ofrecieron «guardarle las espaldas» y permitirle «moverse en ese ambiente con seguridad», a cambio de que les entregase a otros traficantes y les facilitase chivatazos sobre posibles alijos.
«Poner fin a la tiranía»
Un año más tarde, la presión de los mossos corruptos sobre su colaborador incrementó, e incluso llegaron a detenerlo. Pasó el tiempo, el hombre «decidió acabar con todo esto» –señala Zapata en relación al cultivo de droga– y «poner fin a la tiranía». Fue así como acudió a la comisaría de la policía catalana para denunciar a los agentes implicados.
La DAI ordenó su detención, y un juez dictó su ingreso en prisión provisional, donde pasaron menos de dos meses, ya que la Audiencia de Girona ordenó su puesta en libertad en octubre de 2020. «La instrucción todavía sigue en fase de diligencias previas», explica el penalista Carles Monguilod, responsable de la defensa de un cabo y un agente. Según las pesquisas, los tres policías participaban en grandes incautaciones de cannabis, que luego volvían a poner en circulación e incluso habrían cobrado sobresueldos por no desmantelar plantaciones en la comarca de la Selva.
«Queremos fuera a las manzanas podridas»
«Nos hace mucho daño. Primero presunción de inocencia, y si se demuestra su implicación: fuera, no queremos manzanas podridas. El 99% de los agentes hace bien su trabajo, y cuando se conocen noticias como estas, salta por los aires nuestra tarea del día a día», lamenta el mosso Albert Palacio, de USPAC.
Incluso la Fiscalía Antidroga de Barcelona ha alertado sobre la expansión de los tentáculos de los narcos. «La delincuencia organizada en Cataluña es realmente perniciosa, permanentemente vinculada al narcotráfico, llegando a corromper a políticos, abogados, policías e incluso a la prensa», explicaba hace ya una década Gerardo Cavero.
«Cataluña es líder europeo en exportación de marihuana, mientras aquí se nos instalan las mafias. Judicialmente comporta penas bajas, y es poco frecuente que los detenidos entren en prisión, mientras genera grandes beneficios», señala Palacio, que insta a los legisladores a adoptar medidas para poder atajar la delincuencia asociada al tráfico de esta droga.